Uruguay 1973-1985

El 27 de junio de 1973 se produjo el golpe de Estado en Uruguay. Los militares tomaron como pretexto el último acto de resistencia del Parlamento: los legisladores se habían negado a levantar la inmunidad de uno de ellos. A continuación, el Consejo de Seguridad Nacional ordenó cercar el Parlamento, procedió a la disolución de las Cámaras y usurpó oficialmente el Gobierno. La población respondió con una huelga general que mantuvo por dos semanas.

© Albrecht Girle

Los desaparecidos

 

Carlos Carlos Alfredo Rodríguez Mercader, 1950-1976

Amalia Mercader jamás abandonó la búsqueda de su hijo Carlos, nunca dejó de participar en las manifestaciones, donde portaba un cartel con la foto de su hijo. La maestra y directora falleció en diciembre de 2016; aún no se ha encontrado rastro alguno de Carlos Rodríguez Mercader. Trabajaba como profesor de mecánica en la Escuela Superior de Mecánica de Santa Lucía, pero su militancia política se remontaba a sus años de estudio. Luego de la detención de su compañera pasó a vivir en Buenos Aires, donde fue secuestrado el 1 de octubre de 1976 como una de las víctimas de la Operación Cóndor. En 1974 su madre, integrante del Partido Socialista de Uruguay, fue destituida de su cargo, al que recuperó recién en 1986.

465 personas fueron asesinadas por la dictadura

www.laprensa.com.uy | Zelmar Micheliny y Héctor Gutiérrez Ruiz

Asesinados por la dictadura

 

Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini

En las primeras horas del 18 de mayo de 1976 un comando armado irrumpió en la habitación de Zelmar Michelini en un hotel de Buenos Aires. El senador uruguayo había vivido en el exilio argentino desde 1973. Al mismo tiempo se secuestró al antiguo presidente de la Cámara de Representantes, Héctor Gutiérrez Ruiz. La acción contó con la participación de militares uruguayos, en el marco de la Operación Cóndor. El 21 de mayo de 1976 los dos políticos fueron encontrados en un coche en Buenos Aires; habían sido asesinados.

Los niños sustraídos de la dictadura

https://www.abuelas.org.ar/caso/gelman-garcia-iruretagoyena-macarena-283

Niños sustraídos

 

Uno de los casos más espectaculares de esos años fue el del poeta argentino Juan Gelman, quien perdió a su hijo y su nuera, María Claudia García, durante la dictadura. María Claudia había sido secuestrada y llevada a Uruguay, donde su hija nació en la cárcel. Hasta hoy se desconoce su paradero, mientras su hija Macarena fue adoptada por un integrante de las Fuerzas Armadas. Recién a partir de la búsqueda de sus abuelas se enteró de la verdadera identidad de sus padres. Hoy vive como militante por los derechos humanos y diputada del Frente Amplio en Montevideo.

380.000 personas, es decir aproximadamente 14% de la población, se exiliaron

http://centroculturalpareja.com/creadores-locales/creadores-locales-que-participaron-en-ccmap/

Exilio

 

Para muchos el exilio fue la única opción para evitar la detención (repetida). Es el caso de Hugo Licandro, miembro del Frente Amplio, quien decidió refugiarse después de haber sido detenido por segunda vez. La nuera de su compañera, Isobel Rubbo, vivía en Venezuela, a donde ella le siguió dos años más tarde, junto con el hijo de ambos, Pablo. En Venezuela trabajó como docente universitario de Historia, mientras su esposa lo hizo como docente de Literatura. En 1980 Hugo Licandro fue invitado a trabajar en Nicaragua, donde la familia se radicó a continuación. En diciembre de 1984 Pablo regresó a Uruguay, sus padres le siguieron en marzo de 1985.

Más de 40.000 personas fueron detenidas por razones políticas

http://colectivoepprosario.blogspot.com/2016/03/uruguay-vivan-los-companeros.html

Presos políticos

 

Uberfil Martínez Falero estuvo preso de 1974 a 1979. Trabajaba en la fábrica de neumáticos FUNSA y militaba activamente en el Partido Comunista de Uruguay. Más adelante fue miembro de Crysol. Falleció en 2016 a la edad de 63 años.

La dictadura en Uruguay

 

Al momento de consumarse el golpe militar, tanto la guerrilla urbana del Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros (MLN-T) como el movimiento sindical, de los estudiantes secundarios y universitarios y otros grupos de la resistencia civil estaban vencidos.

El comienzo de la crisis económica coincidió con el fin de la Guerra de Corea y el desplome de los precios agropecuarios en los mercados internacionales. Uruguay, un país que dependía en un 80% de la exportación de sus productos agropecuarios (carne, cuero, lana) y que había construido un estado de bienestar en la primera mitad del siglo XX, sufrió una severa crisis económica, acompañada de una creciente deuda pública y una inflación en aumento. Las reacciones políticas fueron vacilantes, no se emprendieron reformas y las estructuras de la propiedad permanecieron incambiadas.

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Bajo el impacto de acontecimientos en el exterior la situación se complicó aún más. El éxito de la Revolución Cubana contribuyó a aumentar el temor de Estados Unidos de que el comunismo pudiera extenderse en América Latina, por lo que decidieron apoyar a determinados regímenes reaccionarios de América Latina.

En Uruguay, la huelga de los cañeros de Artigas marcó el inicio de las protestas sociales. Los trabajadores rurales y sus familias vivían en condiciones deplorables, además de tener que reclamar el pago de los salarios que les fueron negados. Raúl Sendic, miembro del Partido Socialista de Uruguay, apoyó a los huelguistas. Para dar a conocer su situación, en 1962 los cañeros iniciaron una marcha a Montevideo, donde exigieron la enajenación de una estancia sin producir ante el Parlamento, para convertirla en cooperativa. Si bien su reclamo no tenía éxito, lograron que el tema de la “justicia social” para los trabajadores rurales quedara definitivamente incluido en la agenda de los problemas que el país debía solucionar.

 

El espíritu optimista a partir de la revolución en Cuba y la guerra de independencia de Argelia inspiró a buena parte de la izquierda y llevó a la fundación del MLN Tupamaros. Gracias a la creatividad de las acciones en la fase inicial de su existencia, ese movimiento fue recibido con simpatía por sectores importantes de la población.

Se vivía un clima tenso. Una semana después de asumir la presidencia de la República, Jorge Pacheco Areco, anterior vicepresidente y sucesor del fallecido presidente Óscar Gestido, decretó la disolución de varias agrupaciones de izquierda e impuso restricciones a la libertad de prensa. Las manifestaciones de estudiantes secundarios y universitarios contra el aumento de los precios del transporte público sirvieron como pretexto para el decreto de medidas prontas de seguridad. El 6 de junio de 1968 la policía abrió fuego contra los manifestantes, con un saldo de cinco personas gravemente heridas. El 9 de agosto del mismo año se atentó contra la autonomía de la Universidad, que desencadenaron más protestas de los estudiantes, a la que la policía respondió con una intervención violenta. En una acción con armas de fuego el estudiante Líber Arce fue gravemente herido y murió el 14 de agosto de 1968. El 20 de setiembre Susana Pintos y Hugo de los Santos fallecieron también en el correr de una manifestación estudiantil. Las ambulancias no habían podido atender a los heridos. En ese mismo año ya se comenzó a practicar la tortura en un viejo cuartel, donde se encontraba el Centro General de Instrucción de Oficiales de Reserva (CGIOR). Hoy, el período de gobierno del presidente Jorge Pacheco Areco se recuerda como el “Pachecato”.

Las persecuciones y detenciones alcanzaron a sindicalistas, miembros de los partidos de izquierda y de las organizaciones estudiantiles por igual. En este entorno cambiaron las acciones de los Tupamaros y el Estado intervino con fuerza brutal; en 1972 la organización de los Tupamaros estaba desarticulada. Sus integrantes estaban detenidos, habían muerto o habían ido al exilio. Algunos, como por ejemplo el posterior presidente uruguayo José Mujica, fueron encarcelados como rehenes del régimen en condiciones infrahumanas.

Finalmente, el 27 de junio de 1973 los militares dieron el golpe de Estado. Le siguieron una huelga general de 15 días, la cárcel, el exilio.

 

En 1980 el gobierno militar convocó un plebiscito, con la intención de obtener la aprobación popular para una enmienda constitucional que legitimaría la dictadura. Sin embargo, el 30 de noviembre del mismo año el 57% de la población uruguaya con derecho a votar optó por el No. Fue el comienzo del fin de la dictadura, pero aún faltaban años de negociaciones para definir la transición hacia un Uruguay en democracia. El Pacto del Club Naval de agosto de 1984 allanó el camino hacia la celebración de las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre de 1984. El inicio del mandato de Julio María Sanguinetti como presidente de la República el 1 de marzo de 1985, puso formalmente fin a la dictadura.

 

La transición democrática se concluyó con éxito, pero se obtuvo al precio de que se impidiera el procesamiento de la dictadura ante la justicia penal. Cediendo a las presiones militares el 22 de diciembre de 1986 el Poder Legislativo aprobó la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que impedía las actuaciones de la justicia. Desde entonces no ha cesado el debate sobre el tratamiento del pasado. Las posiciones van desde el punto final hasta el procesamiento. Dado que aún se desconoce el paradero de por lo menos 192 personas, la forma en que se debe procesar los crímenes cometidos bajo la dictadura continúa siendo un tema muy presente en el debate sociopolítico.